0
El fotógrafo Daniel Delgado fue víctima de un delito de coacciones, tras ser obligado el pasado 22 de octubre a borrar imágenes de las agresiones sufridas por miembros de la organización Resistencia Animal Málaga cuando estos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de Toros de La Malagueta (Málaga).
Tal y como informa el fotógrafo, los activistas estaban sufriendo agresiones y eran retenidos de manera ilegal. Tras realizar una grabación de los hechos, y una vez que salió al exterior, un trabajador de la plaza de toros y un policía local se dirigieron a él, y le requirieron la documentación. Posteriormente fue obligado a ir a la puerta trasera de la plaza de toros, donde dos policías nacionales lo cachearon, y le tomaron los datos personales, pese a no haber realizado ninguna conducta ilegal. A continuación, fue coaccionado para eliminar las imágenes de las agresiones.
El Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona ha condenado a Núria Buenaventura (actual Secretaria de Organización del partido socialista ICV) a tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por conceder 3.374 licencias para la caza de aves usando pegamento, provocando la captura de más de 65.000 animales. La autorización de esas licencias se produjo mientras era directora de Medio Natural del gobierno catalán, vulnerando la legislación vigente.
En el procedimiento judicial ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales, quien estuvo representado en el juicio mediante el abogado Daniel Dorado, presidente de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En la Sentencia, el Juzgado considera que Núria Buenaventura empleó como excusa la realización del estudio para la concesión de licencias de caza, sin ningún informe que avalara su posición.
“Esto supone que se haya traspasado la frontera que separa el ilícito administrativo del penal, ya que puede afirmarse que la resolución era claramente contraria al ordenamiento jurídico”, afirma el Juzgado.
“En realidad se trato de un torcimiento del derecho en todo regla”, señala la Sentencia.
El miércoles 14 de septiembre de 2016 se ha celebrado el juicio oral contra Núria Buenaventura, Secretaria de Organización de ICV, que se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación por conceder 3.374 licencias para la caza de aves con pegamento cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat, provocando la captura de más de 65.000 animales.
En la vista, que se ha llevado a cabo en el Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona, ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales.
Tanto el fiscal como esta asociación manifestaron en la vista que la concesión de dichas autorizaciones fue contraria a la legislación, y se adoptó ante la presión ejercida por los cazadores.
Pese a la celebración del juicio, la formación ecosocialista ICV mantiene a Núria Buenaventura como Secretaria de Organización, quien ha contado con el apoyo de dirigentes de su partido durante todo el procedimiento. Hechos como este reflejan que las posiciones mantenidas por las organizaciones ecologistas y las organizaciones que defienden a los animales son totalmente diferentes.
Un hombre ha sido condenado al pago de una multa de 180 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra a Patricia Lara, activista de la organización Resistencia Animal Málaga, a la que golpeó en el hombro, según recoge la sentencia. Los hechos se remontan al pasado mes de abril durante una charla del I Encuentro Malagueño de Cultura Taurina en el Colegio de Abogados.
La mujer estaba grabando una concentración pacífica con el teléfono cuando le propinaron “un puñetazo en el hombro y un manotazo en la cara, tirándole el móvil”.
El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha condenado a un vecino de Tordesillas como autor de un delito de hurto a la pena de dos meses de multa y a una indemnización de 300 euros, por sustraer el teléfono móvil a una activista.
La activista, que fue defendida en el juicio por el abogado Víctor Valladares, se había desplazado a Tordesillas en 2015 con el objetivo de defender al toro que finalmente fue matado en el espectáculo del Toro de la Vega. Varias personas se acercaron a ella, y una le sustrajo el teléfono móvil.
Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra satisfacción por esta sentencia, y felicitamos al abogado Víctor Valladares por el buen trabajo realizado.
Tres trabajadores del Circo Berlín, un circo que utiliza animales en sus «espectáculos», han sido condenados por agredir brutalmente a cinco activistas de Igualdad Animal. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Málaga en el 2013, mientras los activistas realizaban un acto informativo en las proximidades del circo.
Mientras los defensores de los animales repartían información entre los viandantes, el gerente del circo se aproximó a la activista que portaba un megáfono agrediéndola y rompìendo el aparato violentamente.
Cuando los demás compañeros acudieron para intentar socorrerla, un grupo de hasta 30 trabajadores del Circo Berlín se abalanzaron con violencia sobre ellos rompiéndoles las cámaras y robándoles los móviles con los que intentaban grabar la agresión y llamar a la policía.
Uno de los agresores propinó un cabezazo en la nariz a uno de los pacíficos activistas; otros sufrieron puñetazos y golpes en la cabeza y el cuerpo. Todos ellos tuvieron que ser atendidos en el hospital.
Además del gerente del circo, dos trabajadores más han sido igualmente condenados por faltas de lesiones. El Circo Berlín, por si fuera poco, había denunciado a los defensores de los animales por supuesta «coacción» contra los intereses del espectáculo. Todos ellos han sido absueltos, ya que, según la sentencia, «estaban amparados por la libertad de expresión».
En la Sentencia se condena al gerente del circo a una multa de 320 euros, y a indemnizar a tres activistas por las lesiones sufridas (1.207,78 y una cantidad por determinar), y los daños causados al romper una cámara de fotos (360 euros) y un megáfono (55 euros). Uno de los trabajadores es condenado a abonar una multa de 480 euros y a indemnizar a la activista agredida con 1.106,30 euros por las lesiones sufridas. El otro trabajador es condenado a abonar una multa de 240 euros. Los dos trabajadores deben, además, indemnizar de manera conjunta a uno de los activistas agredidos con 331,42 euros por las lesiones sufridas. El gerente y los trabajadores del circo son condenados también a abonar las costas del procedimiento.
El abogado de los activistas durante el procedimiento fue Daniel Dorado, presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales. También colaboró en la defensa el abogado Daniel Amelang.
La violencia de los trabajadores del circo hacia quienes nos oponemos al uso de animales en sus denigrantes espectáculos viene siendo ya habitual. Nos complace comprobar cómo la justicia se pone del lado de la libertad de expresión y castiga a quienes están dispuestos a llegar a las actitudes más violentas para defender un modelo de espectáculo que tiene los días contados.
Fuente: Igualdad Animal
Un ciudadano lleva privado de libertad desde principios del mes de noviembre (en otras palabras, pronto se cumplirán dos meses desde la imposición de la medida), debido a la existencia de una medida preventiva de prisión provisional. Se encuentra en el Centro Penitenciario Madrid IV-Navalcarnero.
Desde su ingreso en prisión no ha tenido acceso a una alimentación vegana, pese a las solicitadas realizadas. Esta situación es antijurídica, puesto que el Reglamento Penitenciario establece que a todos los presos se les ha de suministrar una alimentación acorde con sus creencias ideológicas. Por ello, familiares y amigos han redactado la carta que se puede descargar en esta página web: http://bit.ly/1Z1rKjq
Quienes desean ayudar a esta persona, pueden firmar la carta, y enviarla a dirección que aparece en la misma.
Según informa la asociación Corazón de Paloma, la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona y un numero grupo de protectoras catalanas se enfrentan al gobierno municipal de Barcelona por la incapacidad de este para evitar el sacrificio de palomas.
El Colegio de Abogados de Barcelona muestra su disconformidad con la política de control poblacional de palomas ejecutada por el gobierno de la ciudad, mediante los métodos de captura, gaseo e incineración, retrasando de manera injustificada la implantación de un control poblacional ético a través de la esterilización por vía oral.
La asociación Corazón de Palomas señala que el gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha dado marcha atrás en esta cuestión, haciendo inútiles los esfuerzos de los defensores de los animales.
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma de Mallorca ha estimado el recurso del condenado por matar al caballo Sorky.
El tribunal le concede así el beneficio de suspensión de la condena condicionado al seguimiento de un programa de protección de animales.
El condenado fue el primer autor de un delito de maltrato animal que cumple pena de cárcel en España: ocho meses de prisión y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales.
Fuente: Diario de Mallorca
El Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid ha condenado a un hombre por un delito de lesiones cometido contra una activista que se manifestó contra la celebración del Toro de la Vega, a quien arrojó una piedra.
La pena impuesta consiste en una multa de 540 euros, el pago de una indemnización de 800 euros por las lesiones y secuelas, y el pago de las costas. La sentencia es firme y se dictó el mismo día del juicio, celebrado el lunes 30 de noviembre.
Debido al golpe sufrido por la piedra, la activista tuvo que recibir puntos de sutura, habiendo quedado como secuela una cicatriz de 2 centímetros.
Fuente: La Sexta
Volver arriba