La organización La Voz Animal ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Parla de conceder la gestión del Centro de Protección Animal, donde se recogen los perros y gatos abandonados del municipio, a Athisa Residuos Biosanitarios, por entender que esta empresa se dedica, fundamentalmente, a la desratización y exterminio de animales urbanos.

Fuentes del ayuntamiento indicaron a Servimedia que “se ha buscado que sea una única empresa la que pueda prestar varios servicios, estando capacitada y especializada en todos”. Entendiéndose por todos los servicios, explicaron las mismas fuentes, tanto el exterminio de animales urbanos como la protección de animales domesticados que hayan sido abandonados.

Desde La Voz Animal señalaron que hasta ahora el centro ha estado gestionado por Recasur, “una entidad exclusivamente proteccionista”, en colaboración con esta organización, practicando “una política de sacrifico cero y consiguiendo que el 95% de los animales sin hogar hayan sido adoptados”.

La vicepresidenta de La Voz Animal, Beatriz Menchén, manifestó que la sustitución en la gestión se produce a pesar de que Recasur se ha encargado de asegurar el bienestar de los animales abandonados del municipio desde 1998 y aseguró que con el cambio se procederá “al sacrificio de los perros y gatos”.

En este sentido, dijo que Recasur, en estrecha colaboración con La Voz Animal y con otras ONG animalistas, “trabaja practicando el ‘sacrificio cero’ y volcando todos sus esfuerzos en encontrar familias a todos los perros y gatos albergados en dicho centro”.
Menchén indicó que los miembros de la junta directiva de La Voz Animal, así como de otras asociaciones de la Comunidad de Madrid, intentaron presentarse para la renovación del contrato, tras salir a concurso la gestión del centro, “mejorando incluso todas las ofertas existentes”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que “los pliegos del contrato exigido para presentarse impedían que ninguna entidad de protección animal pudiera optar a él y solo daba cabida a empresas de desratización y control de plagas”.

“El alcalde de Parla, José María Fraile”, agregó Menchén, “se ha negado a escuchar la propuesta de las protectoras y considera mejor para su municipio invertir una mayor cantidad de dinero obteniendo a cambio una menor protección de los animales”.

Fuente: Servimedia

NOTA: Ante la posibilidad de desalojo inminente, diversos voluntarios de La Voz Animal y defensores de los animales han decidido encerrarse en las instalaciones del Centro de Protección Animal, con el objetivo de paralizar el citado desalojo. Quien desee participar en el mismo, puede acudir al Centro, situado en C/ Bruselas, 4 (Parla). Se encuentra ubicada en el polígono industrial, accesible en tranvía desde la estación de tren de Parla.

Varios ciudadanos fueron detenidos en México, D. F., el sábado 12 de enero de 2013 por repartir folletos en defensa de los perros de la ciudad, según informe en twitter el activista Jesús Robles Maloof.

Los detenidos repartían folletos en el marco de una manifestación en protesta de las redadas contra perros, y solicitando la liberación de 57 perros encerrados en Iztapalapa, por haber provocado supuestamente la muerte de cinco personas. Desde el siguiente enlace se puede leer el acta del Juzgado.

El abogado Pablo Hernández indicó que hubo más personas detenidas esta tarde por repartir folletos en las calles de la ciudad y enviadas al Juzgado. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hizo gestiones ante Secretaría de Seguridad Pública del DF y Justicia Cívica para pedir información sobre las personas detenidas.

Finalmente todos los activistas fueron puestos en libertad.

Fuente: Terra

Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra solidaridad con los activistas detenidos, y reclamamos a las autoridades mexicanas que finalice la represión contra los defensores de los animales.

El Gobierno ha concedido un indulto parcial a la manifestante que fue condenada por dar un puñetazo a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Obregón, durante una protesta ciudadana que tuvo lugar en 2007.

A propuesta del ministro de Justicia, el Consejo de Ministros decidió el 7 de diciembre pasado conmutar la pena privativa de libertad impuesta a la activista por otra de dos años de prisión “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años”, informa el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición del sábado pasado. Esto permitirá a la mujer evitar el ingreso en prisión.

La sentencia de la Audiencia de Cádiz, confirmada a finales de 2011 por el Tribunal Supremo, condenó a la mujer a una pena de cuatro años de prisión y a varias multas de un total de 1.350 euros por un delito de atentado y dos faltas de lesiones e injurias. Los hechos que provocaron el procesamiento y condena ocurrieron después de su participación en la concentración autorizada en San Juan de Dios. Varios miembros de la corporación municipal salieron de una iglesia cercana, después de asistir a una ceremonia religiosa. Y los procesados, junto con otras personas, acudieron allí a expresar su protesta por las pésimas condiciones de la perrera, de la que se servían varios ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz. En medio del altercado, la mujer condenada dio un puñetazo a la concejal María del Carmen Obregón, causándole lesiones que tardaron en curar 14 días. Los cargos contra la mujer fueron sostenidos casi exclusivamente por el testimonio de la edil, quien reafirmó en su momento ante el magistrado la denuncia efectuada cuando sucedieron los hechos.

La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia también condenó a Simone Righi a cuatro años y cinco meses de prisión por atentado, al estimar acreditado que en la misma fecha intentó agredir a la alcaldesa de Cádiz, y por resistencia a la autoridad. Ello pese a la inexistencia de pruebas más allá del testimonio de varios policías, de un concejal y de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, que en algunos momentos del juicio fue vacilante en la identificación. De hecho, la Fiscalía reconoció que había dudas sobre la identificación. Una periodista, Silvia Tubio, afirmó haber acompañado al hombre durante toda la manifestación y dijo que no agredió a nadie.

Simone Righi, que pasó varios meses en prisión provisional y defendió en todo momento su inocencia, optó por no presentar recurso contra la sentencia de la Audiencia y solicitar un indulto parcial que le permita obtener la suspensión de condena. Dicho indulto fue también concedido, por lo que no irá a prisión.

Fuente: Europa Press

Nota: Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales valoramos positivamente el indulto concedido a ambos manifestantes, condenados a una pena absolutamente desproporcionada.

Cinco activistas de Igualdad Animal han sido agredidos en la tarde de hoy, 6 de enero, por trabajadores del Circo Berlín instalado en la ciudad de Málaga mientras trataban de informar a los viandantes sobre la injusticia que padecen los animales en estos espectáculos.

Entre las agresiones sufridas cabe destacar el cabezazo en la nariz a uno de los activistas, que ha tenido que marcharse de inmediato del lugar, sangrando, en busca de ayuda médica. Además de ser empujados y zarandeados, los activistas han recibido varios puñetazos en el rostro y golpes en la cabeza, no pudiendo evitar la rotura del megáfono de la organización y de dos cámaras fotográficas personales, así como la violenta apropiación de sus teléfonos móviles.

Las agresiones se produjeron sobre las 19:00 horas de la tarde, a unos 80 metros de donde se encontraba instalado el Circo Berlín. Una docena de activistas asistieron al lugar para portar carteles y repartir folletos a los viandantes y en ese mismo momento apareció el gerente del circo, que agredió a la activista que portaba el megáfono de la organización. Al ir a socorrerla e intentar grabar la agresión aparecieron una treintena de miembros del circo a agredir a los activistas, sin mediar palabra, rompiendo sus cámaras y robándoles los teléfonos móviles con los que intentaban grabar todo en video.

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Según informa la organización chilena Animal Libre, se dictó sentencia para uno de los activistas de dicha organización que saltaron al rodeo en marzo de 2012.

Alejandro Salas fue condenado a la prohibicón de acercarse a la Medialuna Monumental de Rancagua durante un año. Asimismo, en el caso de que cometa una nueva falta, su caso puede reabrirse

En el caso de las activistas Michelle y Sofia, no se ha dictado sentencia, y tendrán que comparecer el 6 de enero de 2013 en el Tribunal de Rancagua.

Hoy, jueves 20 de diciembre de 2012, Miguel Salas, uno de los seis activistas juzgados por el salto al ruedo de Las Ventas en 2008, ha sido totalmente absuelto de los cargos que se le imputaban.

Para este juicio, el delegado y presidente de la plaza de toros de Las Ventas fueron llamados a declarar y, en base a sus testimonios, el juez consideró que Miguel Salas no incumplió ninguna orden de abandonar la plaza, ya que dicha orden no fue expresada por parte del presidente, la única persona con competencia en el recinto taurino para darla.

El pasado 9 de octubre, David Herrero, otro de los activistas, fue también absuelto. En este caso el juez consideró que la irrupción en el ruedo durante “el arrastre” no interrumpía el curso normal de la corrida de toros, pues el intermedio no forma parte de la lidia.

Sin embargo, y pese a haber participado en la misma acción, bajo las mismas circunstancias, el resto de activistas fueron víctimas de la parcialidad de los jueces y han sido condenados a pagar la desorbitada sanción de 3.000 € que les ha impuesto la Comunidad de Madrid. Sólo en el caso de Alessandro Zara esta multa se redujo a 300 €.

Un total de 9.300 € en multas por una acción que dos de los jueces consideraron merecedoras de absolución.

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Según informa la Asociación Animalista Libera!, en los próximos días se celebrará un juicio contra las activistas que rescatan a cara descubierta a unos perros usados en peleas.

Varios veterinarios, protegidos fuertemente por el Colegio Veterinario local, están implicado en estas peleas de perros.

Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestro total apoyo a las activistas represaliadas, y reclamamos su absolución.

Actualizado: Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo a los activistas, en la que animamos a participar: Enlace aquí.

Los activistas antitaurinos, Aïda Gascón y Anxo Rodriguez, miembros de AnimaNaturalis, han ganado el juicio por las agresiones recibidas mientras grababan los encierros conocidos como “correbous”, en la localidad de Alcanar.

El agresor ha sido condenado a once días de localización permanente, y a pagar una indemnización de 150 euros por las lesiones causadas a Anxo Rodriguez y de 90 euros a Aïda Gascón. Además de 345 euros por los destrozos ocasionados en la cámara de grabación de los defensores de los animales.

Según relata la sentencia, el pasado 12 de mayo, cuando se acercaba el toro corriendo por la calle, Anxo se preparaba para empezar a grabar. El condenado le propinó un puñetazo en la nuca que lo tiró al suelo rompiéndole también la cámara de grabación que portaba. Al ver lo sucedido, su compañera Aïda Gascón se situó entre Anxo y el acusado para evitar que este continuase agrediendo a su amigo, recibiendo un puñetazo en la espalda que la hizo caer al suelo. El denunciado, por su parte, niega las acusaciones, aunque reconoce que el día de los hechos “los ánimos estaban muy encendidos y que siempre se encienden cuando llegan los antitaurinos”.

“Al menos un centenar de personas corrían detrás del toro, y muchas de ellas nos amenazaba con que si grabábamos nos iban a pegar”, relata Aïda Gascón, quien ha presenciado numerosos “correbous” en los últimos dos años. “Nunca sabes cómo reaccionarán, pero estamos acostumbrados a recibir insultos, amenazas y diversas provocaciones a las que no respondemos. Pero esta vez fue diferente; un hombre al que no conocíamos de nada nos atacó por la espalda en plena carrera y sin mediar palabra. Está claro que su intención era premeditada y que quería impedir a toda costa que pudiéramos grabar imágenes de posibles malos tratos o la presencia de menores”.

Aïda Gascón asegura también que el agresor, que está pendiente de un segundo juicio con los activistas, volvió a impedir que grabasen imágenes dos meses después en el municipio de Ulldecona y que incluso les rompió, de nuevo, otra de las cámaras.

“Es una vergüenza que los organizadores permitan estas situaciones. Si tanto les molesta que grabemos, será porque tienen algo que ocultar” se queja Gascón.

Fuente: AnimaNaturalis

Nota: Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra satisfacción por esta sentencia, y nos solidarizamos con los activistas agredidos.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado con una nueva sentencia al Ayuntamiento de la capital vallisoletana por vulnerar el derecho constitucional de manifestación, después de que decidiese mediante un decreto municipal del año 2010, impedir el uso de material de megafonía que iba a ser utilizado por el Partido Animalista – PACMA durante un acto reivindicativo. Los jueces interpretan que esta organización, creada en 2003, no pudo difundir sus proclamas de defensa de los animales.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 19 de octubre, revoca un anterior fallo dictado por la jueza de lo Contencioso número 1 que sí consideró acertada y ajustada a derecho la decisión del Consistorio de limitar el uso de los altavoces para no causar ruidos y molestias vecinales.

Ahora, los tres jueces del Alto Tribunal cuestionan esta decisión por transgredir un derecho fundamental, e imponen al Consistorio el pago de 1.000 euros al Partido Animalista, que había solicitado en su recurso una indemnización de 3.000 euros, además de las costas.

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El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid requirió el pasado lunes, 15 de octubre, una fianza de 15.000 euros al Partido Animalista para admitir a trámite la querella interpuesta contra el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, por un presunto delito de prevaricación administrativa por autorizar el espectáculo del Toro de la Vega en Tordesillas. La formación consideró “desorbitada” esta cantidad, según recoge un comunicado.

Asimismo, el partido informó de que hoy ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación, solicitando que la fianza se reduzca a 1.000 euros. También, indicó en el recurso que las diligencias iniciales de instrucción “no revestirán un coste excesivo”, y que el juez pidió a la Junta una copia de la autorización del delegado Territorial en Valladolid.

El Partido Animalista reconoció que no puede asumir la fianza de 15.000 euros fijada por el juez y señaló que se podría vulnerar el derecho constitucional que tienen todos los ciudadanos y organizaciones de interponer querellas para contribuir el esclarecimiento de los delitos. Finalmente, confió en que el recurso sea “aceptado”.

Fuente: El Día de Valladolid