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El fotógrafo Daniel Delgado fue víctima de un delito de coacciones, tras ser obligado el pasado 22 de octubre a borrar imágenes de las agresiones sufridas por miembros de la organización Resistencia Animal Málaga cuando estos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de Toros de La Malagueta (Málaga).
Tal y como informa el fotógrafo, los activistas estaban sufriendo agresiones y eran retenidos de manera ilegal. Tras realizar una grabación de los hechos, y una vez que salió al exterior, un trabajador de la plaza de toros y un policía local se dirigieron a él, y le requirieron la documentación. Posteriormente fue obligado a ir a la puerta trasera de la plaza de toros, donde dos policías nacionales lo cachearon, y le tomaron los datos personales, pese a no haber realizado ninguna conducta ilegal. A continuación, fue coaccionado para eliminar las imágenes de las agresiones.
El Juzgado de Primera Instancia 2 de Paterna ha acordado el sobreseimiento y archivo del procedimiento judicial iniciado contra un hombre que supuestamente bromeó en las redes sociales tras la muerte del torero Víctor Barrio durante una corrida de toros.
El auto manifiesta que los hechos denunciados no son constitutivos de un delito de incitación al odio del artículo 510 del Código Penal «al no exhortar a la población el correo referido a cometer actos de odio o violencia contra un colectivo, manifestándose una opinión por parte de quien lo remite que, pudiendo constituir una injuria o vejación injusta grave, sólo puede ser perseguida por el ofendido o sus herederos».
El abogado denunciante ha confirmado que ha interpuesto un recurso de reforma contra este auto.
Por su parte, los padres y la viuda del torero afirman que el próximo viernes interpondrán una demanda en los Juzgados de Primera Instancia de Paterna (Valencia). Para ello contarán con un equipo de abogados contratado por la Fundación Toro de Lidia.
Fuente: http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2016/10/17/58049ce5268e3e3a728b4625.html
El Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona ha condenado a Núria Buenaventura (actual Secretaria de Organización del partido socialista ICV) a tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por conceder 3.374 licencias para la caza de aves usando pegamento, provocando la captura de más de 65.000 animales. La autorización de esas licencias se produjo mientras era directora de Medio Natural del gobierno catalán, vulnerando la legislación vigente.
En el procedimiento judicial ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales, quien estuvo representado en el juicio mediante el abogado Daniel Dorado, presidente de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En la Sentencia, el Juzgado considera que Núria Buenaventura empleó como excusa la realización del estudio para la concesión de licencias de caza, sin ningún informe que avalara su posición.
“Esto supone que se haya traspasado la frontera que separa el ilícito administrativo del penal, ya que puede afirmarse que la resolución era claramente contraria al ordenamiento jurídico”, afirma el Juzgado.
“En realidad se trato de un torcimiento del derecho en todo regla”, señala la Sentencia.
El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva ha condenado a nueve meses de prisión a los dos socios de un criadero-residencia canina ubicada en El Rincón, en Huelva, por maltrato animal después de que dejaran morir de hambre y sed a varios perros, además de inhabilitarlos durante dos años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales.
La condena se ajusta a la petición de la Fiscalía, que ha mantenido que, a consecuencia del comportamiento de los socios, al menos seis perros murieron de hambre y sed, llegando algunos de ellos a comerse parcialmente a los fallecidos.
Los ya condenados concertaron un contrato de arrendamiento (diciembre de 2013) sobre una parte de las instalaciones de un criadero y residencia ubicado en la zona de El Rincón, en el término de Punta Umbría, propiedad de uno de ellos.
El centro tenía licencia municipal desde 2011 para el cuidado y fomento de animales de compañía y, en aquel momento, recogía a un número indeterminado de perros de distintas razas. El arrendatario asumió tras al contrato continuar con la actividad y de forma verbal cuidar de los animales.
Desde el comienzo del acuerdo, tuvieron conflictos en relación con el alquiler, por lo que el primero empezó a desentenderse de la alimentación de parte de los perros y del cuidado general de las instalaciones, comunicándoselo al propietario como medida de presión que, aun consciente de la situación de los animales, no hizo nada por solucionar los problemas, y no se ocupó tampoco de su alimentación.
El miércoles 14 de septiembre de 2016 se ha celebrado el juicio oral contra Núria Buenaventura, Secretaria de Organización de ICV, que se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación por conceder 3.374 licencias para la caza de aves con pegamento cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat, provocando la captura de más de 65.000 animales.
En la vista, que se ha llevado a cabo en el Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona, ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales.
Tanto el fiscal como esta asociación manifestaron en la vista que la concesión de dichas autorizaciones fue contraria a la legislación, y se adoptó ante la presión ejercida por los cazadores.
Pese a la celebración del juicio, la formación ecosocialista ICV mantiene a Núria Buenaventura como Secretaria de Organización, quien ha contado con el apoyo de dirigentes de su partido durante todo el procedimiento. Hechos como este reflejan que las posiciones mantenidas por las organizaciones ecologistas y las organizaciones que defienden a los animales son totalmente diferentes.
Un hombre ha sido condenado al pago de una multa de 180 euros como autor de un delito leve de maltrato de obra a Patricia Lara, activista de la organización Resistencia Animal Málaga, a la que golpeó en el hombro, según recoge la sentencia. Los hechos se remontan al pasado mes de abril durante una charla del I Encuentro Malagueño de Cultura Taurina en el Colegio de Abogados.
La mujer estaba grabando una concentración pacífica con el teléfono cuando le propinaron “un puñetazo en el hombro y un manotazo en la cara, tirándole el móvil”.
El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha condenado a un vecino de Tordesillas como autor de un delito de hurto a la pena de dos meses de multa y a una indemnización de 300 euros, por sustraer el teléfono móvil a una activista.
La activista, que fue defendida en el juicio por el abogado Víctor Valladares, se había desplazado a Tordesillas en 2015 con el objetivo de defender al toro que finalmente fue matado en el espectáculo del Toro de la Vega. Varias personas se acercaron a ella, y una le sustrajo el teléfono móvil.
Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra satisfacción por esta sentencia, y felicitamos al abogado Víctor Valladares por el buen trabajo realizado.
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha estimado un recurso de queja en el que se solicitaba que se reconociera el derecho de una persona que se encuentra en prisión provisional a recibir una alimentación vegana.
En el Auto se afirma que “a fin de que, atendiéndose en lo posible a las convicciones personales del interno, se le proporcione una dieta que respete dichas convicciones, sin perjuicio de que el mismo pueda complementar el racionado a través del servicio del economato”.
El Auto completo puedes descargarse desde este enlace.
Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra satisfacción por esta resolución, que contribuye al reconocimiento legal de quienes eligen no consumir alimentos y productos de origen animal. Es posible obtener más información sobre el veganismo en la siguiente página web: http://www.animal-ethics.org/veganismo/
Tres trabajadores del Circo Berlín, un circo que utiliza animales en sus «espectáculos», han sido condenados por agredir brutalmente a cinco activistas de Igualdad Animal. Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Málaga en el 2013, mientras los activistas realizaban un acto informativo en las proximidades del circo.
Mientras los defensores de los animales repartían información entre los viandantes, el gerente del circo se aproximó a la activista que portaba un megáfono agrediéndola y rompìendo el aparato violentamente.
Cuando los demás compañeros acudieron para intentar socorrerla, un grupo de hasta 30 trabajadores del Circo Berlín se abalanzaron con violencia sobre ellos rompiéndoles las cámaras y robándoles los móviles con los que intentaban grabar la agresión y llamar a la policía.
Uno de los agresores propinó un cabezazo en la nariz a uno de los pacíficos activistas; otros sufrieron puñetazos y golpes en la cabeza y el cuerpo. Todos ellos tuvieron que ser atendidos en el hospital.
Además del gerente del circo, dos trabajadores más han sido igualmente condenados por faltas de lesiones. El Circo Berlín, por si fuera poco, había denunciado a los defensores de los animales por supuesta «coacción» contra los intereses del espectáculo. Todos ellos han sido absueltos, ya que, según la sentencia, «estaban amparados por la libertad de expresión».
En la Sentencia se condena al gerente del circo a una multa de 320 euros, y a indemnizar a tres activistas por las lesiones sufridas (1.207,78 y una cantidad por determinar), y los daños causados al romper una cámara de fotos (360 euros) y un megáfono (55 euros). Uno de los trabajadores es condenado a abonar una multa de 480 euros y a indemnizar a la activista agredida con 1.106,30 euros por las lesiones sufridas. El otro trabajador es condenado a abonar una multa de 240 euros. Los dos trabajadores deben, además, indemnizar de manera conjunta a uno de los activistas agredidos con 331,42 euros por las lesiones sufridas. El gerente y los trabajadores del circo son condenados también a abonar las costas del procedimiento.
El abogado de los activistas durante el procedimiento fue Daniel Dorado, presidente del Centro Legal para la Defensa de los Animales. También colaboró en la defensa el abogado Daniel Amelang.
La violencia de los trabajadores del circo hacia quienes nos oponemos al uso de animales en sus denigrantes espectáculos viene siendo ya habitual. Nos complace comprobar cómo la justicia se pone del lado de la libertad de expresión y castiga a quienes están dispuestos a llegar a las actitudes más violentas para defender un modelo de espectáculo que tiene los días contados.
Fuente: Igualdad Animal
Según informa la asociación Corazón de Paloma, la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona y un numero grupo de protectoras catalanas se enfrentan al gobierno municipal de Barcelona por la incapacidad de este para evitar el sacrificio de palomas.
El Colegio de Abogados de Barcelona muestra su disconformidad con la política de control poblacional de palomas ejecutada por el gobierno de la ciudad, mediante los métodos de captura, gaseo e incineración, retrasando de manera injustificada la implantación de un control poblacional ético a través de la esterilización por vía oral.
La asociación Corazón de Palomas señala que el gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha dado marcha atrás en esta cuestión, haciendo inútiles los esfuerzos de los defensores de los animales.
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