La dueña del criadero de caballos de Chiclana que estaba siendo investigado por la Guardia Civil por supuesto maltrato ha sido ya formalmente imputada. Así lo adelantaron ayer a este diario fuentes cercanas al caso, que explicaron que a la responsable del criadero, María del Carmen S.B., se le acusa de un supuesto delito de abandono de animales. Y es que los análisis practicados a los cadáveres de los dos caballos que murieron hace unos días en la finca han confirmado que los ejemplares fallecieron “por inanición”.

Efectivos del Seprona de la Guardia Civil abrieron hace escasa fechas diligencias tras recibir denuncias de que los animales estaban en malas condiciones en una finca de Chiclana dedicada a la cría de equinos, radicada en la zona del Pago Melilla. Según los denunciantes, los animales se hallaban “en muy malas condiciones”, sin recibir apenas alimentos y “con evidentes síntomas de desnutrición”.

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La Guardia Civil identificó el martes a una mujer de 51 años de Cambre (A Coruña) como la persona que en las últimas semanas había dejado comida atravesada con alfileres en los parques y playas de Santa Cristina.

La voz de alarma saltó el pasado 23 de enero, cuando una vecina de esta localidad denunció que su perro había ingerido varios trozos de tocino con alfileres. Días después se localizó en la zona de Beiramar una manzana cortada por la mitad, con una nota dentro en la que pedían trabajo, y unida de nuevo a través de alfileres y una cinta de color rojo. También se encontró semienterrada en la arena de la playa de Santa Cristina otra manzana con similares características, macerada en sangre, y una nota escrita con un conjuro. Aunque era casi ilegible, en ella se citaban dos nombres, uno masculino y otro femenino, y se pedía continuar una relación amorosa.

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Imputado un vecino de Mérida por delitos de furtivismo y denuncia falsa, ya que trató de ocultar una actuación irregular denunciando la pérdida de unos galgos.

Según explica la Guardia Civil, en la tarde del pasado día 12, en un coto de caza del término municipal de Badajoz, una patrulla de Talavera la Real observó desde la distancia a varias personas cazando con galgos. Al percatarse de la presencia de los agentes, huyeron del lugar abandonando a tres perros y un animal muerto, en concreto una liebre.

Recuperados los animales, se pasó el lector de microchips a los galgos, lo que permitió identificar al propietario. La Guardia Civil reconoció a esta persona como la misma que el día de los hechos y en el coto de caza fue preguntada si era el dueño de los animales, a lo que contestó de forma negativa, alegando que sólo daba un paseo por la zona.

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“No había visto nunca a un perro en esa situación”. La veterinaria que atendió a Alejandro Magno después de la paliza que sufrió supuestamente a manos de su dueño, Juan Antonio A., el 13 de abril de 2010 en Chipiona describió ayer durante más de veinte minutos ante la jueza el estado en el que se encontró al animal: Tenía una herida abierta en la cabeza, que estaba inflamada, sangre en la boca y en las fosas nasales, un ojo destrozado, incisivos rotos, un agujero causado por un objeto punzante en el lomo; además estaba desnutrido, plagado de pulgas y no se tenía en pie. “¿Diría que había sufrido una agresión bestial?”, le preguntó la fiscal. “Ni siquiera un perro atropellado por un coche o que se ha caído de un tercer o cuarto piso llega en tan mal estado a la clínica. Ves a ese perro y sabes que nunca se te va a olvidar”, contestó la veterinaria.

Los testigos que prestaron ayer declaración en la vista celebrada en el juzgado número 5 de lo Penal de Cádiz coincidieron en subraya el deplorable estado en el que se encontraba el cruce de labrador cuando fue localizado, cerca de un caserío derruido en la zona de Los Quemados, tras la llamada de un vecino que alertaba de su situación: dos policías locales de Chipiona y la responsable de la protectora SiempreKontigo, que se hizo cargo del can y acabó adoptándolo. “No reaccionaba. Parecía que estaba muerto”, dijo uno de los agentes.

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El juzgado de lo Penal número 3 de Albacete tiene fijada para este jueves 16 de febrero la vista contra G.Z.G., de 78 años y sin antecedentes penales, por un delito de maltrato animal doméstico, para lo que se le pide la pena de seis meses de prisión, por haber disparado a un perro en la localidad de Madrigueras.

Además, el Fiscal, según recoge en su escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, solicita para el acusado la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales y el pago de las costas, y le reclama indemnizar al dueño del animal en la cantidad de 324,95 euros.

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La asociación Proyecto Gato denunció el pasado año a la Protectora de Animales de Vigo por incumplir el convenio suscrito en su día por el que esta última se comprometía a ceder a Proyecto Gato 36.000 euros anuales de los 96.000 que recibía del Ayuntamiento de Vigo. A cambio, esta organización se tenía que hacer cargo de los felinos.

Las responsables de Proyecto Gato han manifestado en una entrada de su blog que las discrepancias con el Ayuntamiento y la Protectora de Vigo surgieron a raíz del incumplimiento del contrato por parte de este, que no realizó las instalaciones prometidas, y de la pésima gestión llevada a cabo al realizar la recogida de animales. Proyecto Gato manifiesta también que responsables del Ayuntamiento dijeron que si había muchos gatos, “ya sabíamos lo que teníamos que hacer, matarlos”.

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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao ha declarado nula la adjudicación del servicio municipal de animales domésticos del Ayuntamiento de Getxo otorgada a Zaunk SL, tras considerar que la empresa «debió ser excluida del proceso» por una serie de irregularidades. El Consistorio ya ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior del País Vasco.

Los hechos se remontan a 2009. El 5 de mayo, la Junta de Gobierno local inicia el expediente para adjudicar el servicio de la perrera por 174.000 euros y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de prórrogas. Al concurso se presentan Servicios y Equipos Caninos SL, sociedad de Sopelana que venía ofreciendo ese servicio, y Zaunk, compañía constituida en 2006 y con sede en Iurreta.

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La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un vecino de Almuñécar (Granada) de 60 años acusado de un delito relativo a la protección de los animales domésticos, al provocar que su perro atacara a un gato en la calle y le causara la muerte.

La detención se produce a raíz de que una pareja, también vecinos de Almuñécar, presenciaran el pasado 23 de enero por la mañana una escena en el Paseo de Velilla del municipio costero que les sobrecogió y decidieron denunciar los hechos ante la patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Motril.

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La “Batalla de las Ratas” del Puig, en Valencia, acabó en una lamentable agresión de los más de 200 asistentes al acto contra la redactora y la fotoperiodista del diario Levante-EMV, que se encontraban en el lugar para cubrir el acto. La multitud se abalanzó y rodeó, insultando y amenazando a las profesionales, hasta llegar al punto de agredir físicamente por la espalda a la fotógrafa, quien recibió un puñetazo, tirones de pelo y otras agresiones. Un joven de la localidad fue llevado a dependencias policiales por estos ataques.

Los hechos ocurrieron alrededor de las cinco de la tarde. El gentío se agolpaba en la plaza de la Constitución del Puig, donde se celebra tradicionalmente este festejo, que consiste en romper unas cucañas en el interior de las cuales hay ratas muertas, con las que después se hace una “batalla”.

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Un juzgado de Palma ha condenado a un hombre por matar a golpes a su perro, al que dejó de alimentar y finalmente arrojó a un contenedor de basura en Santanyí porque ya no le servía para cazar. El acusado agredió en la cabeza al can, de raza podenco ibicenco, en varias ocasiones con un objeto contundente, lo metió en un saco y lo dejó abandonado en un contenedor cuando el animal aún se encontraba moribundo. El perro se hallaba totalmente desnutrido y en estado raquítico porque no era alimentado por su dueño. Un magistrado de Palma impuso tres meses de prisión al sospechoso, así como la inhabilitación durante dos años para cualquier actividad que tenga relación con animales domésticos.

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