La Audiencia de Cantabria ha condenado a la Sociedad de Cazadores de Castañeda a pagar una indemnización de 1.432 euros al propietario de un vehículo que chocó con un ciervo después de que el animal saltara a la calzada desde terrenos de un coto del que es titular esta entidad.

La Audiencia ha dado la razón al propietario del vehículo, que presentó un recurso contra el fallo del Juzgado de Primera Instancia de Medio Cudeyo, que inicialmente no atendió sus demandas.

Según explica la sentencia, el accidente se produjo cuando el vehículo circulaba por la carretera N-634 y un ciervo irrumpió de forma inesperada en la calzada.

El ciervo procedía de un coto cuya titular es la Sociedad de Caza de Castañeda.

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Reproducimos a continuación el testimonio de Jesús Varela, activista del Colectivo Animalista Independiente:

El día 19 de Diciembre del presente año se recibe una llamada a mi numero de móvil expresando que se me necesitaba para un trabajo relacionado con mi oficio en España de educador canino. Al llegar al lugar acordado (calle san vicente martir N° 227 Puerta N° 6, Valencia) al estar tocando el timbre de la residencia llegan varias personas vestidas de civil llegando de espaldas, dos de ellos me agarran los brazos doblándolos hacia la parte de atrás poniéndome unas esposas instantáneamente sin pedir identificación ni identificarse como policías, al mismo tiempo uno agarraba la bicicleta donde minutos antes me estaba transportando y otro me tomaba de la parte trasera de la cabeza inclinándola hacia abajo, en ese momento el agresor que empujaba la cabeza hacia abajo se identifico como policía nacional. Pregunte en reiteradas ocasiones que estaba pasando y solo recibí de respuesta que me quedara callado. A pesar de estar con la cabeza inclinada hacia abajo pude determinar que había no menos de 6 policías en la operación. Me metieron rápidamente en un coche negro y al entrar uno de los policías que me escoltaban y que anteriormente me llevaba de la cabeza llamo por teléfono mencionando; “ya tenemos el paquete” “no puedo, lo tengo al lado, te llamo al llegar”. Volví a preguntar por qué me llevaban y la respuesta, que en las próxima horas volvería a escuchar en la operación policial fue; “tu veras como lo quieres hacer, por las buenas o por las malas”.

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El juez no considera probada la relación laboral entre un voluntario y la sociedad. El Juzgado de lo Social número 1 no considera que exista relación laboral entre la protectora de Melilla y el hombre que se encontraba realizando labores de limpieza de las perreras y de la zona de gatos el 5 de octubre del año pasado. Ese día funcionarios de la Inspección de Trabajo realizaron una visita al centro, situado en la calle Huerta de Salama, y comprobaron que en las instalaciones se encontraba esa persona, presuntamente realizando los citados trabajos en calidad de voluntario y colaborador de la asociación.

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El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años de prisión y diversas multas impuestas a una mujer de Cádiz por llamar “asesina” a la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez y dar un puñetazo a la concejal María del Carmen Obregón durante una protesta contra el maltrato de animales que se estaba produciendo en la perrera “El Refugio” de Puerto Real (Cádiz), donde miles de perros y gatos fueron presuntamente asesinados con un paralizante muscular que es inyectado indiscriminadamente, provocando una muerte lenta y agónica por asfixia.

Los hechos que provocaron el procesamiento y condena ocurrieron después de su participación en la concentración autorizada en San Juan de Dios. Varios miembros de la corporación municipal salieron de la cercana Iglesia de Santo Domingo, después de asistir a una ceremonia religiosa. Y los procesados, junto con otras personas, acudieron allí a expresar su protesta por las pésimas condiciones de la perrera, de la que se servían varios ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz.

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Una clínica veterinaria deberá pagar una indemnización de mil euros a la dueña de una perra que desapareció de la misma cuando iba a ser operada, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia.

La sentencia confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Murcia que, en mayo de 2009, estimó parcialmente la demanda presentada por la propietaria del animal y condenó a la clínica a pagarle esta indemnización.

Si bien la cuantía de esta indemnización es claramente insuficiente, la sentencia es de gran interés, pues establece un precedente al aceptar la existencia de daño moral debido a la desaparición de un animal.

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar un juicio por segunda vez en los Juzgados de Amurrio contra Kepa Tamames, portavoz y presidente de la Asociación para un Trato Ético con los Animales (ATEA), tras ordenar la Audiencia Provincial de Álava la repetición del mismo. En la sentencia, a la que ha tenido acceso el Centro Legal para la Defensa de los Animales, la jueza dicta la absolución de Kepa Tamames del cargo que se le imputaba (falta de desobediencia a la autoridad), como consecuencia de la denuncia presentada contra él por uno de los agentes que le acompañaban en el transcurso de una inspección por supuesto maltrato a un perro que permanecía permanentemente atado y desnutrido en los bajos de un caserío de la localidad ayalesa de Izoria.

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Una docena de activistas defensores de los animales han intentado este sábado al mediodía acceder con sus perros al metro de Bilbao para protestar por la prohibición de viajar en el suburbano con mascotas de más de ocho kilos de peso y para reclamar, por contra, el libre acceso a este medio de transporte como ocurre “en la línea de tranvía” o en otros países “como Inglaterra”.

Los activistas se han concentrado primero frente a la boca de metro de la plaza Circular, donde han explicado que esta iniciativa pretende conseguir que los usuarios de Metro Bilbao puedan “viajar con los animales con los que viven”, en este caso perros de mayor tamaño, ya que la prohibición no afecta a gatos ni a perros de menos de ocho kilos.

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Activistas por los derechos animales fineses han sido absueltos de casi todos los cargos por grabar de forma secreta las condiciones de los cerdos en las granjas.

Un Tribunal de Salo ha absuelto de todos los cargos de difamación agravada a un grupo de activistas por los derechos animales que habían publicado cintas mostrando las malas condiciones en las granjas de cerdos. Una acusada, Karry Hedberg, considerada por la acusación como acusada principal, fue condenada a 20 días de sentencia condicional por perturbar el orden público.

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Con una Ley Electoral justa, el Partido Animalista – PACMA obtendría un diputado. La formación política GBAI entra en el Congreso con un diputado habiendo obtenido menos de la mitad de los votos que ha cosechado el Partido Animalista.

El Partido Animalista – PACMA ha conseguido 101.531 votos al Congreso. Esto supone un aumento de casi 60.000 votos y un crecimiento de más de un 100%, respecto a 2008. Se convierte en la décimoquinta fuerza política y en la segunda extraparlamentaria, a falta de contabilizar el voto extranjero.

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha acordado la apertura de Diligencias Previas por considerar que existen “características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa” contra Luis Padrino, alcalde de Almoguera hasta 2011.

Esta decisión se toma tras la querella interpuesta por el Partido Animalista – PACMA contra Luis Padrino el pasado mes de enero, por un delito de prevaricación administrativa por su responsabilidad en la aprobación de una ordenanza mediante la cual se exigía el pago de 200.000 euros para grabar o tomar fotos en los encierros. Dicha ordenanza no fue publicada hasta más de seis meses después de su aprobación, en un intento por evitar que la misma fuera recurrida.