El Gobierno ha concedido un indulto parcial a la manifestante que fue condenada por dar un puñetazo a la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, Carmen Obregón, durante una protesta ciudadana que tuvo lugar en 2007.
A propuesta del ministro de Justicia, el Consejo de Ministros decidió el 7 de diciembre pasado conmutar la pena privativa de libertad impuesta a la activista por otra de dos años de prisión “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años”, informa el Boletín Oficial del Estado (BOE) en su edición del sábado pasado. Esto permitirá a la mujer evitar el ingreso en prisión.
La sentencia de la Audiencia de Cádiz, confirmada a finales de 2011 por el Tribunal Supremo, condenó a la mujer a una pena de cuatro años de prisión y a varias multas de un total de 1.350 euros por un delito de atentado y dos faltas de lesiones e injurias. Los hechos que provocaron el procesamiento y condena ocurrieron después de su participación en la concentración autorizada en San Juan de Dios. Varios miembros de la corporación municipal salieron de una iglesia cercana, después de asistir a una ceremonia religiosa. Y los procesados, junto con otras personas, acudieron allí a expresar su protesta por las pésimas condiciones de la perrera, de la que se servían varios ayuntamientos, entre ellos el de Cádiz. En medio del altercado, la mujer condenada dio un puñetazo a la concejal María del Carmen Obregón, causándole lesiones que tardaron en curar 14 días. Los cargos contra la mujer fueron sostenidos casi exclusivamente por el testimonio de la edil, quien reafirmó en su momento ante el magistrado la denuncia efectuada cuando sucedieron los hechos.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia también condenó a Simone Righi a cuatro años y cinco meses de prisión por atentado, al estimar acreditado que en la misma fecha intentó agredir a la alcaldesa de Cádiz, y por resistencia a la autoridad. Ello pese a la inexistencia de pruebas más allá del testimonio de varios policías, de un concejal y de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, que en algunos momentos del juicio fue vacilante en la identificación. De hecho, la Fiscalía reconoció que había dudas sobre la identificación. Una periodista, Silvia Tubio, afirmó haber acompañado al hombre durante toda la manifestación y dijo que no agredió a nadie.
Simone Righi, que pasó varios meses en prisión provisional y defendió en todo momento su inocencia, optó por no presentar recurso contra la sentencia de la Audiencia y solicitar un indulto parcial que le permita obtener la suspensión de condena. Dicho indulto fue también concedido, por lo que no irá a prisión.
Fuente: Europa Press
Nota: Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales valoramos positivamente el indulto concedido a ambos manifestantes, condenados a una pena absolutamente desproporcionada.
La Guardia Civil ha detenido a E.S.M., de 38 años, como supuesto autor de un delito de maltrato animal, que le produjo la muerte a un caballo que participó en un carrera de trote el pasado 30 de diciembre en el hipódromo de Manacor.
El supuesto agresor golpeó con un palo en la cabeza a un caballo de su propiedad que acababa de concursar y no tuvo un buen comportamiento. Este resultado provocó que el detenido se enfadara y le causara las heridas que le ocasionaron la muerte, ha declarado el detenido.
Según han explicado fuentes de la Guardia Civil, el imputado fue detenido durante una horas para prestar declaración los días posteriores a los hechos y acusado de lo sucedido, por lo que deberá presentarse ante el juez para explicar el maltrato animal.
El Seprona ha procedido a la exhumación del cadáver del caballo para su exploración y elabora un informe del caso que, una vez finalizado, será remitido al juzgado de Instrucción número 2 de Manacor.
Fuente: El Mundo
Nota: Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales nos oponemos a los espectáculos que suponen un perjuicio para los animales, como las carreras de caballos, la tauromaquia y los circos con animales, entre otros. Existe una gran variedad de formas de ocio en la que ningún individuo sufre ni muere.
Cinco activistas de Igualdad Animal han sido agredidos en la tarde de hoy, 6 de enero, por trabajadores del Circo Berlín instalado en la ciudad de Málaga mientras trataban de informar a los viandantes sobre la injusticia que padecen los animales en estos espectáculos.
Entre las agresiones sufridas cabe destacar el cabezazo en la nariz a uno de los activistas, que ha tenido que marcharse de inmediato del lugar, sangrando, en busca de ayuda médica. Además de ser empujados y zarandeados, los activistas han recibido varios puñetazos en el rostro y golpes en la cabeza, no pudiendo evitar la rotura del megáfono de la organización y de dos cámaras fotográficas personales, así como la violenta apropiación de sus teléfonos móviles.
Las agresiones se produjeron sobre las 19:00 horas de la tarde, a unos 80 metros de donde se encontraba instalado el Circo Berlín. Una docena de activistas asistieron al lugar para portar carteles y repartir folletos a los viandantes y en ese mismo momento apareció el gerente del circo, que agredió a la activista que portaba el megáfono de la organización. Al ir a socorrerla e intentar grabar la agresión aparecieron una treintena de miembros del circo a agredir a los activistas, sin mediar palabra, rompiendo sus cámaras y robándoles los teléfonos móviles con los que intentaban grabar todo en video.
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Según informa la organización chilena Animal Libre, se dictó sentencia para uno de los activistas de dicha organización que saltaron al rodeo en marzo de 2012.
Alejandro Salas fue condenado a la prohibicón de acercarse a la Medialuna Monumental de Rancagua durante un año. Asimismo, en el caso de que cometa una nueva falta, su caso puede reabrirse
En el caso de las activistas Michelle y Sofia, no se ha dictado sentencia, y tendrán que comparecer el 6 de enero de 2013 en el Tribunal de Rancagua.
La Fiscalía de Málaga ha solicitado al juzgado que investiga el caso por presunto maltrato a animales en la asociación Parque Animal, ubicada en la localidad malagueña de Torremolinos, que encargue al Colegio de Veterinarios un informe pericial sobre las supuestas muertes agónicas de animales que fueron sacrificados en dichas instalaciones. En concreto, según explicaron a Europa Press fuentes del caso, se ha solicitado que por parte de dicho colegio profesional se emita un informe para certificar “el efecto que tiene sobre un animal el inyectarle una dosis baja de un producto eutanásico y lo que ocurre si eso se lleva a cabo por una persona no especializada”.
La directora del centro fue detenida en noviembre de 2010 y el juzgado acordó su puesta en libertad. Agentes de la Guardia Civil iniciaron la investigación cinco meses antes a raíz de la denuncia de un veterinario que había ejercido su profesión en dicho colectivo. El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos, encargado del caso, dictó en octubre de este año 2012 un auto en el que acordó seguir la causa contra la que fuera directora y un trabajador por un delito continuado de maltrato animal y por otro de intrusismo, a la vista de las diligencias practicadas hasta el momento.
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Hoy, jueves 20 de diciembre de 2012, Miguel Salas, uno de los seis activistas juzgados por el salto al ruedo de Las Ventas en 2008, ha sido totalmente absuelto de los cargos que se le imputaban.
Para este juicio, el delegado y presidente de la plaza de toros de Las Ventas fueron llamados a declarar y, en base a sus testimonios, el juez consideró que Miguel Salas no incumplió ninguna orden de abandonar la plaza, ya que dicha orden no fue expresada por parte del presidente, la única persona con competencia en el recinto taurino para darla.
El pasado 9 de octubre, David Herrero, otro de los activistas, fue también absuelto. En este caso el juez consideró que la irrupción en el ruedo durante “el arrastre” no interrumpía el curso normal de la corrida de toros, pues el intermedio no forma parte de la lidia.
Sin embargo, y pese a haber participado en la misma acción, bajo las mismas circunstancias, el resto de activistas fueron víctimas de la parcialidad de los jueces y han sido condenados a pagar la desorbitada sanción de 3.000 € que les ha impuesto la Comunidad de Madrid. Sólo en el caso de Alessandro Zara esta multa se redujo a 300 €.
Un total de 9.300 € en multas por una acción que dos de los jueces consideraron merecedoras de absolución.
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Según informa la Asociación Animalista Libera!, en los próximos días se celebrará un juicio contra las activistas que rescatan a cara descubierta a unos perros usados en peleas.
Varios veterinarios, protegidos fuertemente por el Colegio Veterinario local, están implicado en estas peleas de perros.
Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestro total apoyo a las activistas represaliadas, y reclamamos su absolución.
Actualizado: Se ha iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo a los activistas, en la que animamos a participar: Enlace aquí.
Los activistas antitaurinos, Aïda Gascón y Anxo Rodriguez, miembros de AnimaNaturalis, han ganado el juicio por las agresiones recibidas mientras grababan los encierros conocidos como “correbous”, en la localidad de Alcanar.
El agresor ha sido condenado a once días de localización permanente, y a pagar una indemnización de 150 euros por las lesiones causadas a Anxo Rodriguez y de 90 euros a Aïda Gascón. Además de 345 euros por los destrozos ocasionados en la cámara de grabación de los defensores de los animales.
Según relata la sentencia, el pasado 12 de mayo, cuando se acercaba el toro corriendo por la calle, Anxo se preparaba para empezar a grabar. El condenado le propinó un puñetazo en la nuca que lo tiró al suelo rompiéndole también la cámara de grabación que portaba. Al ver lo sucedido, su compañera Aïda Gascón se situó entre Anxo y el acusado para evitar que este continuase agrediendo a su amigo, recibiendo un puñetazo en la espalda que la hizo caer al suelo. El denunciado, por su parte, niega las acusaciones, aunque reconoce que el día de los hechos “los ánimos estaban muy encendidos y que siempre se encienden cuando llegan los antitaurinos”.
“Al menos un centenar de personas corrían detrás del toro, y muchas de ellas nos amenazaba con que si grabábamos nos iban a pegar”, relata Aïda Gascón, quien ha presenciado numerosos “correbous” en los últimos dos años. “Nunca sabes cómo reaccionarán, pero estamos acostumbrados a recibir insultos, amenazas y diversas provocaciones a las que no respondemos. Pero esta vez fue diferente; un hombre al que no conocíamos de nada nos atacó por la espalda en plena carrera y sin mediar palabra. Está claro que su intención era premeditada y que quería impedir a toda costa que pudiéramos grabar imágenes de posibles malos tratos o la presencia de menores”.
Aïda Gascón asegura también que el agresor, que está pendiente de un segundo juicio con los activistas, volvió a impedir que grabasen imágenes dos meses después en el municipio de Ulldecona y que incluso les rompió, de nuevo, otra de las cámaras.
“Es una vergüenza que los organizadores permitan estas situaciones. Si tanto les molesta que grabemos, será porque tienen algo que ocultar” se queja Gascón.
Fuente: AnimaNaturalis
Nota: Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales mostramos nuestra satisfacción por esta sentencia, y nos solidarizamos con los activistas agredidos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha condenado con una nueva sentencia al Ayuntamiento de la capital vallisoletana por vulnerar el derecho constitucional de manifestación, después de que decidiese mediante un decreto municipal del año 2010, impedir el uso de material de megafonía que iba a ser utilizado por el Partido Animalista – PACMA durante un acto reivindicativo. Los jueces interpretan que esta organización, creada en 2003, no pudo difundir sus proclamas de defensa de los animales.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, de fecha 19 de octubre, revoca un anterior fallo dictado por la jueza de lo Contencioso número 1 que sí consideró acertada y ajustada a derecho la decisión del Consistorio de limitar el uso de los altavoces para no causar ruidos y molestias vecinales.
Ahora, los tres jueces del Alto Tribunal cuestionan esta decisión por transgredir un derecho fundamental, e imponen al Consistorio el pago de 1.000 euros al Partido Animalista, que había solicitado en su recurso una indemnización de 3.000 euros, además de las costas.
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Casi dos años después de que la directora de Parque Animal, Carmen Marín, y dos empleados fueran detenidos por la muerte irregular de más de 2.865 animales, el juzgado de instrucción número 5 del municipio ha hecho público el auto por el que da por concluida la fase de investigación inicial y considera que hay indicios para imputar tanto a la responsable del centro como al encargado los presuntos delitos de maltrato animal continuado e intrusismo profesional. Sin embargo, ordena el sobreseimiento provisional y archivo de los delitos de falsedad documental y denuncia falsa de los que también fueron acusados en un principio otros dos empleados.
El juez considera que de la valoración de las diligencias practicadas hasta el momento se acredita que la directora de Parque Animal “ha realizado sacrificios masivos e injustificados en dicho centro, con la ayuda directa y material de otro trabajador llamado F. B. y que ambos han suministrado medicamentos eutanásicos a los animales en pequeñas dosis produciéndoles sufrimientos innecesarios e injustificables hasta su muerte”.
Asimismo, se hace constar en el auto que la cantidad de animales sacrificados en el plazo de dos años podría ser de más de 2.865 perros y gatos, algo que el juez considera “excesivo”. Para sostener la imputación del delito de maltrato animal, el magistrado señala que existen los indicios que constan en los informes elaborados por la Guardia Civil (que realizaron inspecciones oculares, reportajes fotográficos y análisis de documentación hallada en el lugar) y las declaraciones de los testigos que afirmaron que “pudieron observar a ambos cómo inyectaban el producto descrito a los animales y que los sacrificaban, incluso una vez semanalmente”.
También se considera a ambos autores de un delito de intrusismo profesional debido a que ninguno de los dos tenía testaba autorizado para inyectar Dolethal (medicamento eutanásico supuestamente empleado en dosis inferiores a las recomendadas) y sacrificar a los animales dado que el propio Colegio de Veterinarios de Málaga certificó que carecían de titulación de veterinario.
Sin embargo, el juez estima que sobre el delito de falsedad documental del que la Guardia Civil acusó a la directora del centro y otros dos veterinarios, por presentar presuntamente informes falsos sobre el número de animales que eran sacrificados cada mes para justificar ante el Ayuntamiento las facturas sobre los gastos de incineración, “no existen elementos de prueba suficientes como la imputación de dichos hechos delictivos”. Tampoco en el auto se le imputa a Carmen Marín el delito de denuncia falsa, un hecho que justifica en que “no puede existir un pronunciamiento en el presente procedimiento hasta tanto no recaiga resolución que ponga fin al presente”.
El juez ordena en el auto la continuación de la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado y da un plazo de tres días a las partes para interponer recurso de reforma y cinco días en el caso de que decidan poner un recurso de apelación.
Asimismo, el diario malagahoy.es informa de que Parque Animal pagó supuestamente en efectivo una factura de 104.382,19 euros a un centro comercial para la reforma y decoración de una clínica de medicina estética ubicada en el mismo municipio, cuyo administrador único y apoderada de la empresa, respectivamente, eran el yerno y la hija de Carmen Marín, responsable de Parque Animal. Este es uno de los gastos “injustificados” que presuntamente se realizaron con los fondos de la asociación sin ánimo de lucro que dirigía Marín y que se desprenden del informe que la Guardia Civil presentó hace dos años al juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, y que ha motivado que el juez autorice que se investigue la posible desviación de dinero obtenido supuestamente de forma ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal.
En ese informe, al que ha tenido malagahoy.es, se detalla que la citada empresa justificó supuestamente el pago de esa elevada cuantía por parte del centro Parque Animal en una carta remitida al centro comercial, en la que reconocía la relación mercantil existente entre ambos, y en la que especificaba que la protectora de animales se haría cargo de parte de la deuda contraida para la reforma de la clínica de medicina estética debido a que ésta última adeudaba a la empresa diversas cantidades de dinero.
Los investigadores concluyeron en sus diligencias que, dados los fines para los que fue constituida Parque Animal, “no estaría justificado en ningún caso la asunción de deudas generadas por una sociedad patrimonial ajena a la misma”. Máxime, continúa el documento, “cuando dicha sociedad se encuentra además controladas por la hija y el yerno de la presidenta de la asociación”. Al parecer, la mercantil Loinsomar S.L. se constituyó el 6 de agosto de 1998, con un capital social de 3.005,06 euros, para la compaventa y alquiler de bienes inmuebles y material didáctico, así como la consulta médica. Sin embargo, en junio de 2009 se produjo una ampliación de capital en dicha empresa de unos 103.500 euros, sin que los investigadores pudieran constatar el origen del mismo. Tras las primeras indagaciones, la Guardia Civil concluyó que la mercantil Loinsomar S.L. parece no ejercer actividad económica que precise disponer de empleados, por lo que señala en sus diligencias remitidas al juez que “se trataría de una sociedad patrimonial al figurar en el Catastro Inmobiliario como titular de un importante número de bienes residenciales”. Concretamente, siete en Estepona y otros seis en Torremolinos.
Con base en los datos recabados durante la investigación, la Guardia Civil, en las diligencias entregadas en el juzgado número 5 de Torremolinos el 22 de diciembre de 2010, señalaba que “parece evidente que parte de los ingresos obtenidos por Parque Animal procedente de las aportaciones de los ciudadanos que acudieron a sus instalaciones o de sus benefactores están siendo utilizados por su presidenta para negocios y operaciones comerciales, a priori susceptibles de ser calificados como irregulares”.
Por este motivo, aparte de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, la presidenta de la protectora de animales podría enfrentarse además a los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y posibles delitos societarios relacionados con su gestión al frente de este organismo sin ánimo de lucro.