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Además de perjudicar a los agricultores, el gran crecimiento de la población de jabalís y otras especies cinegéticas (aptas para la caza) también ha hecho aumentar los accidentes de tráfico. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que cada año se producen entre 15.000 y 20.000 siniestros ocasionados por irrupciones o atropellos de fauna silvestre. Muchos de ellos se producen en carreteras que atraviesan cotos y áreas de caza gestionadas por particulares o por las comunidades autónomas. En estos casos, el enunciado actual de la ley de seguridad vial provoca que en muchas ocasiones los tribunales atribuyan el pago de daños e indemnizaciones a los cazadores o a las administraciones que gestionan el coto. El ministerio ha dado ahora el primer paso para impulsar una reforma de la normativa con el fin de que sean los conductores quienes asuman los daños, a semejanza de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos.
El juzgado número diez de Vigo ha desestimado la petición de desahucio de alrededor de trescientos felinos atendidos en A Madroa por la asociación Proyecto Gato. La solicitud de desalojo había sido efectuada por la Protectora de Animales de Vigo como medida cautelar.
De no apelar el auto, la medida será efectiva hasta que se se resuelva el procedimiento ordinario que se sigue para reclamar a la Protectora el dinero que adeuda a Proyecto Gato. La cifra, en torno a 36.000 euros, corresponde a los ingresos de un año fijados en un convenio por ambas partes y que las cuidadoras de los animales dejaron de percibir antes de que concluyera el plazo, sospechan que con el ánimo de forzarlas a irse de las instalaciones de A Madroa.
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El pasado 25 de mayo se celebró en el Juzgado de Instrucción 1 de León un juicio contra nueve activistas antitaurinos acusados de haber cometido una falta de injurias. La defensa de los mismos fue ejercida por el abogado Daniel Dorado.
Los hechos por los que estas personas fueron juzgados se remontan al 3 de octubre de 2010, día en el que se realizó una corrida de toros con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Leonesa de Lucha contra el Cáncer. Varios activistas decidieron concentrarse en el exterior de la plaza de toros, siendo denunciados por la amiga de uno de los toreros que había participado en dicha corrida, quien los acusó de haberla insultado.
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El pasado 18 de mayo, se celebró el juicio contra los menores de edad de Torreorgaz (Cáceres), acusados de haber torturado hasta la muerte a una burra.
En la sentencia se condena a los acusados a la prestación de 52 horas de trabajos a la comunidad, tras el acuerdo entre la Fiscalía y los abogados de los acusados. Si bien los medios de comunicación han hablado de una multa de 375 horas, parece que en realidad esta es la indemnización que tendrán que abonar al que era el propietario de la burra, basándose en el valor económico de la misma en el mercado.
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