Los dos detenidos el pasado domingo durante la manifestación antitaurina que se desarrolló en Gijón el pasado 12 de agosto, y que acabó en las inmediaciones de la plaza de toros de El Bibio, quedaron el 13 agosto a las 13:30 horas en libertad provisional con cargos de resistencia y atentado contra la autoridad. Ello tras declarar ante el juez de instrucción que se encontraba realizando las labores de guardia, y después de estar detenidos 24 horas. Los detenidos han sufrido varias lesiones, provocadas por los agentes al proceder a su detención.

Antes de pasar a disposición judicial, los detenidos pasaron la noche del domingo en comisaría, sin que se les permitiera la asistencia de su abogado, pese a que el mismo se había desplazado hasta el lugar donde se encontraban.

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El pasado lunes 6 de agosto de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Tributos, sobre el tipo impositivo aplicable a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Esta resolución, aprobada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, establece que, a partir del próximo 1 de septiembre, los servicios veterinarios pasarán del tipo reducido al tipo general de IVA, subiéndo este del 8% al 21%.

Sin embargo, los servicios veterinarios realizados en explotaciones ganaderas, forestales o agrícolas seguirá tributando al tipo reducido (10%).

Esta medida afectará especialmente a las protectoras de animales, que tienen que contratar un gran número de servicios veterinarios, pese a su carencia de recursos económicos.

Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales nos oponemos frontalmente a esta medida, que perjudica a quienes defienden a los animales y beneficia a quienes los explotan. Defendemos que los servicios veterinarios (excluidos los contratados por explotaciones de animales) pasen a tributar por el tipo superreducido de IVA (4%), puesto que dichos servicios veterinarios son de primera necesidad, debido a la inexistencia de un servicio veterinario público. Asimismo, animamos a los veterinarios a organizarse en contra de esta injusta medida, y a hacer cuanto esté en su mano para que quienes cuidan a los animales no se vean obligados a pagar más impuestos por contratar sus servicios.

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a C.D.M., de 31 años y sin antecedentes policiales, tras ser acusado de dejar encerrado a un perro de raza galgo durante 24 horas en el maletero de un coche, que finalmente falleció.

La dotación del vehículo radio-patrulla en funciones de vigilancia y prevención en la barriada del Torrejón observaron en la calle Gladiolo como un individuo sacaba un perro muerto del interior del maletero de su coche, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

El acusado, al preguntarle los agentes el porqué de estos hechos, contestó que el día anterior por la tarde en una celebración le regalaron un perro de raza galgo y que lo introdujo en el maletero, olvidándose del animal hasta las 15,00 horas del día siguiente, cuando fue a recogerlo y lo encontró muerto.

Por estos motivos fue detenido y puesto a disposición judicial, aunque ya se encuentra en libertad con cargos. Del animal se hicieron cargo los servicios municipales.

Fuente: Europa Press

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara una reforma legal que facilitará las cosas a los cazadores: pretende crear lo que se denomina licencia única. La nueva regulación implicará que los aficionados a la actividad cinegética no tendrán que peregrinar por las distintas comunidades autónomas a las que piensan acudir para hacerse con los respectivos y obligatorios permisos.

Esta intención fue hecha pública por el departamento que dirige Miguel Arias Cañete en una contestación parlamentaria a una pregunta de UPyD, a la que tuvo acceso la agencia ‘Europa Press’. La licencia única da respuesta a las «históricas reivindicaciones» de los cazadores, se felicita José Antonio Sarasketa, presidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC). «Los vascos van mucho a Navarra y Castilla y León, aunque también a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha… Lo normal es tener dos o tres licencias y, a menudo, más», añade.

Registro de infractores

Por ello, la regulación que ahora preparan en Madrid facilitará la vida a los aficionados a la hora de sacar los permisos. Con todo, no se tratará exactamente de una licencia válida para toda España. Explica Sarasketa que eso sería «imposible» ya que la competencia es de las comunidades autónomas -en Euskadi la tramitan las diputaciones-. De lo que se trata es de que «quien vaya, por ejemplo, a la Diputación de Bizkaia, pueda sacar ahí mismo la licencia para otras comunidades pagando lo que corresponda». Luego, las diferentes administraciones harán sus cuentas. «Se trata de un asunto burocrático, no de una modificación de competencias, que los cazadores llevamos años pidiendo».

La nueva normativa que anuncian desde el ministerio va mucho más allá porque pretende unificar las leyes de caza y, sobre todo, tiene importancia la creación de un registro de infractores a nivel nacional que impida obtener la licencia. «Esto será vital si se pretende implantar la licencia única», apunta el presidente de la ONC. Según explica Sarasketa, ahora, al no existir información compartida, un cazador sancionado en una comunidad autónoma puede acudir a cazar a otra sin problemas.

Fuente: elcorreo.com

Un hombre de 38 años de edad -que responde a las iniciales E. J. C. y es de nacionalidad inglesa- ingresó el pasado viernes en la prisión de Villabona tras amenazar de muerte a su pareja y degollar a uno de los perros de la mujer, con la que compartía piso en Avilés desde hace algún tiempo. Según señalaron fuentes ligadas a la investigación, el detenido se encuentra preventivo como imputado por los delitos de violencia machista y maltrato animal.

Además, según las mismas fuentes, el hombre portaba un pasaporte a nombre de otra persona en el momento de la intervención de los agentes, por lo que también tendrá que responder por el delito de falsedad documental. Los expertos consultados por este diario aseguran que la suma de las penas, en el caso de que el hombre sea condenado, podrían llegar a superar los seis años de internamiento.

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