Un ciudadano lleva privado de libertad desde principios del mes de noviembre (en otras palabras, pronto se cumplirán dos meses desde la imposición de la medida), debido a la existencia de una medida preventiva de prisión provisional. Se encuentra en el Centro Penitenciario Madrid IV-Navalcarnero.

Desde su ingreso en prisión no ha tenido acceso a una alimentación vegana, pese a las solicitadas realizadas. Esta situación es antijurídica, puesto que el Reglamento Penitenciario establece que a todos los presos se les ha de suministrar una alimentación acorde con sus creencias ideológicas. Por ello, familiares y amigos han redactado la carta que se puede descargar en esta página web: http://bit.ly/1Z1rKjq

Quienes desean ayudar a esta persona, pueden firmar la carta, y enviarla a dirección que aparece en la misma.

Según informa la asociación Corazón de Paloma, la Comisión de Protección de los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados de Barcelona y un numero grupo de protectoras catalanas se enfrentan al gobierno municipal de Barcelona por la incapacidad de este para evitar el sacrificio de palomas.

El Colegio de Abogados de Barcelona muestra su disconformidad con la política de control poblacional de palomas ejecutada por el gobierno de la ciudad, mediante los métodos de captura, gaseo e incineración, retrasando de manera injustificada la implantación de un control poblacional ético a través de la esterilización por vía oral.

La asociación Corazón de Palomas señala que el gobierno de Barcelona, liderado por Ada Colau, ha dado marcha atrás en esta cuestión, haciendo inútiles los esfuerzos de los defensores de los animales.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma de Mallorca ha estimado el recurso del condenado por matar al caballo Sorky.

El tribunal le concede así el beneficio de suspensión de la condena condicionado al seguimiento de un programa de protección de animales.

El condenado fue el primer autor de un delito de maltrato animal que cumple pena de cárcel en España: ocho meses de prisión y tres años de inhabilitación para la tenencia de animales.

Fuente: Diario de Mallorca

El Juzgado de lo Penal 3 de Valladolid ha condenado a un hombre por un delito de lesiones cometido contra una activista que se manifestó contra la celebración del Toro de la Vega, a quien arrojó una piedra.

La pena impuesta consiste en una multa de 540 euros, el pago de una indemnización de 800 euros por las lesiones y secuelas, y el pago de las costas. La sentencia es firme y se dictó el mismo día del juicio, celebrado el lunes 30 de noviembre.

Debido al golpe sufrido por la piedra, la activista tuvo que recibir puntos de sutura, habiendo quedado como secuela una cicatriz de 2 centímetros.

Fuente: La Sexta