El Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona ha condenado a Núria Buenaventura (actual Secretaria de Organización del partido socialista ICV) a tres años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por conceder 3.374 licencias para la caza de aves usando pegamento, provocando la captura de más de 65.000 animales. La autorización de esas licencias se produjo mientras era directora de Medio Natural del gobierno catalán, vulnerando la legislación vigente.
En el procedimiento judicial ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales, quien estuvo representado en el juicio mediante el abogado Daniel Dorado, presidente de la Sección de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En la Sentencia, el Juzgado considera que Núria Buenaventura empleó como excusa la realización del estudio para la concesión de licencias de caza, sin ningún informe que avalara su posición.
“Esto supone que se haya traspasado la frontera que separa el ilícito administrativo del penal, ya que puede afirmarse que la resolución era claramente contraria al ordenamiento jurídico”, afirma el Juzgado.
“En realidad se trato de un torcimiento del derecho en todo regla”, señala la Sentencia.
El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva ha condenado a nueve meses de prisión a los dos socios de un criadero-residencia canina ubicada en El Rincón, en Huelva, por maltrato animal después de que dejaran morir de hambre y sed a varios perros, además de inhabilitarlos durante dos años para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado con animales.
La condena se ajusta a la petición de la Fiscalía, que ha mantenido que, a consecuencia del comportamiento de los socios, al menos seis perros murieron de hambre y sed, llegando algunos de ellos a comerse parcialmente a los fallecidos.
Los ya condenados concertaron un contrato de arrendamiento (diciembre de 2013) sobre una parte de las instalaciones de un criadero y residencia ubicado en la zona de El Rincón, en el término de Punta Umbría, propiedad de uno de ellos.
El centro tenía licencia municipal desde 2011 para el cuidado y fomento de animales de compañía y, en aquel momento, recogía a un número indeterminado de perros de distintas razas. El arrendatario asumió tras al contrato continuar con la actividad y de forma verbal cuidar de los animales.
Desde el comienzo del acuerdo, tuvieron conflictos en relación con el alquiler, por lo que el primero empezó a desentenderse de la alimentación de parte de los perros y del cuidado general de las instalaciones, comunicándoselo al propietario como medida de presión que, aun consciente de la situación de los animales, no hizo nada por solucionar los problemas, y no se ocupó tampoco de su alimentación.
El miércoles 14 de septiembre de 2016 se ha celebrado el juicio oral contra Núria Buenaventura, Secretaria de Organización de ICV, que se enfrenta a una pena de hasta diez años de inhabilitación por conceder 3.374 licencias para la caza de aves con pegamento cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat, provocando la captura de más de 65.000 animales.
En la vista, que se ha llevado a cabo en el Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona, ha estado personado como acusación popular el Centro Legal para la Defensa de los Animales.
Tanto el fiscal como esta asociación manifestaron en la vista que la concesión de dichas autorizaciones fue contraria a la legislación, y se adoptó ante la presión ejercida por los cazadores.
Pese a la celebración del juicio, la formación ecosocialista ICV mantiene a Núria Buenaventura como Secretaria de Organización, quien ha contado con el apoyo de dirigentes de su partido durante todo el procedimiento. Hechos como este reflejan que las posiciones mantenidas por las organizaciones ecologistas y las organizaciones que defienden a los animales son totalmente diferentes.