El pasado 9 de noviembre tuvo lugar un juicio por segunda vez en los Juzgados de Amurrio contra Kepa Tamames, portavoz y presidente de la Asociación para un Trato Ético con los Animales (ATEA), tras ordenar la Audiencia Provincial de Álava la repetición del mismo. En la sentencia, a la que ha tenido acceso el Centro Legal para la Defensa de los Animales, la jueza dicta la absolución de Kepa Tamames del cargo que se le imputaba (falta de desobediencia a la autoridad), como consecuencia de la denuncia presentada contra él por uno de los agentes que le acompañaban en el transcurso de una inspección por supuesto maltrato a un perro que permanecía permanentemente atado y desnutrido en los bajos de un caserío de la localidad ayalesa de Izoria.

Kepa Tamames lleva negando desde entonces que desobedeciera a la autoridad, y para ello remitía al propio texto de la primera sentencia, donde se demostraba que, lejos de pretender desobedecer al agente, le requirió información adicional, obtenida la cual procedió a acatar la orden de inmediato. Este hecho es reconocido ahora por una jueza distinta de la anterior, quien reconoce que “[…] no puede apreciarse la existencia de una desobediencia en el sentido jurisprudencialmente exigido, para que pueda apreciarse relevancia penal”. Concluye por ello que “[…] los hechos denunciados no serían constitutivos de ilícito alguno, y no pueden, por lo tanto, dar lugar a la condena […]”.

Si bien ATEA expresa su satisfacción por el resultado de la sentencia, manifiesta también que “la opinión que nos merece la actuación de un cuerpo policial como la Ertzaintza siga siendo en sustancia idéntico a la que ya teníamos, pues consideramos que el cuerpo referido dista mucho de estar cualificado para actuar en casos de maltrato animal”. Asimismo, expresan que “lo más dramático del caso es que nada se pudo hacer por el desdichado animal, un perro permanentemente atado y en estado de severa delgadez, que desapareció del lugar al poco tiempo, sin que el responsable del mismo haya tenido que ofrecer explicación alguna a nadie sobre el hecho, lo que demuestra una vez más el nulo interés administrativo en actuar con ejemplaridad y contundencia contra los maltratadores de animales”.