Hoy 26 de julio se presentó ante el Tribunal Constitucional el recurso para que se estime la recusación planteada contra el juez Jose Antonio Vázquez Taín, instructor de la causa contra activistas de Equanimal e Igualdad Animal.

El pasado 22 de junio de 2011, el juez Vázquez Taín, del juzgado de instrucción Nº2 de Santiago de Compostela, ordenaba la detención de 12 activistas animalistas, la mayoría de ellos con cargos de responsabilidad en las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal. Las imputaciones tienen relación con sueltas masivas de visones en 2007 y 2009, en las que los activistas imputados no han participado. Asimismo, a los activistas se les imputan presuntos delitos de daños, allanamiento y asociación ilícita, entre otros.

El proceso presentó muchas irregularidades desde su inicio. Tres activistas pasaron 19 días en prisión preventiva hasta que la Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación presentado por los abogados de los activistas y los puso en libertad el 13 de Julio, indicando en el auto de libertad que “no concurre ninguno de los fines que constitucional y legalmente justifican la prisión provisional”.

Un día después de las detenciones, Vázquez Taín declaraba a la agencia de noticias Europapress “esto no es ecología, causan terror, y algunas explotaciones se han visto obligadas a cerrar a raíz de todas estas acciones”, unas declaraciones que los abogados de las personas imputadas consideran inaceptables proviniendo del juez que instruye el caso y que muestran su parcialidad en el mismo.

En uno de los interrogatorios a una de las imputadas, el juez dió a entender que su padre tenía una granja de visones con el siguiente comentario: “Sí, las granjas de visones se suelen dejar la puerta abierta, es decir…, mi padre tuvo una granja y como fue lo que nos dio de comer a todos y éramos seis hermanos, pues claro, la dejaba siempre abierta, porque no pasaba nada,…” Esto queda recogido en el minuto 38:02 de la grabación en vídeo y audio de la declaración, obrante en las actuaciones.

Los activistas de Igualdad Animal y Equanimal afirman haber documentado granjas de visones de España mostrando a la sociedad el horror que padecen estos animales, así como haber realizado boicots pacíficos a los campeonatos de caza, y otras muchos más acciones de desobediencia civil como saltos a pasarelas de moda o a plazas de toros que han tenido amplia repercusión mediática, ayudando a sensibilizar a la ciudadanía sobre el sufrimiento de los animales.

También saben que se enfrentan a fuertes poderes económicos, que desean seguir lucrándose a costa de la explotación de los animales y que pretenden frenar el debate social sobre los Derechos Animales. Muestra de ello es que asociaciones de cazadores y peleteros se han presentado como acusación particular en este caso.

Para los activistas de los movimientos sociales, este proceso irregular supone un nuevo intento de reprimir cada vez más a activistas y organizaciones. Un ejemplo de esto es la reciente propuesta del Ministerio del Interior de considerar la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad, lo que resultaría en nuevas restricciones de derechos fundamentales. Esta propuesta del Ministerio del Interior ha sido incluso rechazada por organizaciones formadas por miembros del poder judicial, como Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.

Para los activistas encausados, la sociedad debe solidarizarse con las víctimas de este proceso porque éste no amenaza solo al movimiento de Derechos Animales, sino también a todos los ciudadanos y ciudadanas en lo relativo al ejercicio de sus derechos fundamentales de manifestación y de libertad de expresión.

Fuente: TVAnimalista