La organización en defensa de los derechos de los animales Igualdad Animal ha denunciado la imputación de trece personas más por parte del magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, en el caso que se inició en junio de 2011.

Si desde un principio tanto Igualdad Animal como Equanimal, que ahora se han unido, denunciaron que ninguno de los doce activistas imputados en primera instancia tenían relación alguna con los hechos que se les imputaban (además de las sueltas, delitos de daños, allanamiento y asociación ilícita), Igualdad Animal ha asegurado que estas nuevas imputaciones tienen todavía menos sentido. De hecho, las trece personas ni siquiera saben de qué se les acusa. Tan solo han recibido una citación instándoles a declarar como imputados.

Entre las personas imputadas en los últimos días se encuentra, por ejemplo, la madre de una de las fundadoras de Igualdad Animal e imputada en el caso, Sharon Núñez, una mujer de más de 60 años que no pertenece al movimiento activista a favor de los derechos de los animales. La única relación con él, además de por su hija, es que uno de los coches que usaba Núñez estaba a su nombre. Además de la madre de Núñez, también han imputado a dos extrabajadores de las granjas de visones que lo único que hicieron fue explicar la cruda situación de estas instalaciones a Igualdad Animal.

Desde sus inicios, el caso contra estos activistas se caracterizó por un sinfín de irregularidades, empezando por el hecho de que durante la toma de declaración a Olaia Freiría, una de las imputadas, el juez Vazquez Taín llegó a reconocer que su padre poseía una granja de visones: “Sí, las granjas de visones se suelen dejar la puerta abierta, es decir… Mi padre tuvo una granja y como fue lo que nos dio de comer a todos y éramos seis hermanos, pues claro, la dejaba siempre abierta, porque no pasaba nada”. Los activistas imputados, al tener acceso a las grabaciones tras levantarse el secreto de sumario, decidieron presentar la recusación al magistrado, aunque no se aceptó por haberse presentado fuera de plazo.

Fuentes de Igualdad Animal han explicado a eldiario.es que la recusación se presentó una vez que habían podido acceder a las grabaciones. Aunque sabían lo que había dicho el juez, esperaron a tener la evidencia. Pese a ello, el plazo para recusar a Vázquez Taín comenzó el mismo día de las detenciones y se alargó durante los días que duró el secreto de sumario.

Este no fue, sin embargo, el único suceso comprometido del juez, conocido en Galicia por encargarse de casos conocidos por su elevado interés mediático como el del Códice Calixtino, del que ahora ha publicado un libro. En unas declaraciones realizadas a la agencia Europa Press el 23 de junio de 2011, un día antes de reconocer que en su familia habían tenido una granja de visones, Vázquez Taín opinó abiertamente sobre el trabajo de los animalistas y actuó en contra de la presunción de inocencia al tacharlos de “ecoterroristas”, un término que había usado previamente la Guardia Civil. Además, dijo: “Esto no es ecología, causan terror, y algunas explotaciones se han visto obligadas a cerrar a raíz de todas estas acciones”.

Además de por la parcialidad del magistrado, Igualdad Animal, cuyos activistas fueron perseguidos y vieron pinchados sus teléfonos desde octubre de 2010, considera que el caso carece de fundamento debido a muchos de los aspectos en los que se basó la Guardia Civil, la Fiscalía y el propio juez para acusarles. Entre otras cosas, un simple viaje fuera de España se consideró como suficiente para hablar de “reuniones entre células del movimiento animalista”. Por otro lado, el sumario, al que parcialmente ha tenido acceso eldiario.es, refleja como a muchos de los activistas imputados se les relaciona con diferentes acciones en granjas de visones e instalaciones similares en diferentes lugares de España y todas el mismo día.

Desde las primeras detenciones el 22 de junio de 2011 tras un operativo en el que participaron más de 200 efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Igualdad Animal ha negado que entre sus acciones figure la liberación de visones, pero siempre han reconocido que sí entraron en muchas granjas con el fin de documentar y mostrar el trato que se dispensaba a los animales. “Nuestro objetivo nunca es el de dañar; sí son actos de desobediencia civil en los que solo grabamos y fotografiamos lo que padecen los animales porque creemos que es de interés general”, explican.

Para ellos, el proceso se enmarca en los intentos de “reprimir cada vez más a activistas y organizaciones” y comparan su caso con otros que se han producido en países como Estados Unidos, Alemania o Inglaterra y sobre todo Austria. Este último es considerado por Igualdad Animal casi idéntico al que ahora sufren. Entonces, todos los activistas fueron absueltos.

Los activistas señalan además que detrás del proceso se encuentra el lobby peletero. Como acusaciones particulares en el caso, de hecho, se han presentado ya varias granjas de visones, una aseguradora, una asociación de caza, la Asociación Nacional de Productores de Visón y la Asociación Gallega de Criadores de Visón (AGAVI).

Incautación de material

Durante la investigación, las Fuerzas de Seguridad del Estado han registrado las viviendas de las personas imputadas y algunos familiares y han incautado material con valor de más de 6000 euros, como cámaras de vídeo que usaban para documentar la cruda situación de los mataderos, zoos o las propias granjas de visones.

No obstante, los activistas se lamentan sobre todo del archivo fotográfico y de vídeo perdido, aunque reclamado.

Pese a todo, aseguran, seguirán realizando su labor como hasta ahora.

Fuente: eldiario.es

Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales nos solidarizamos con los activistas imputados en este procedimiento, y reclamamos que se ponga fin a la criminalización de las organizaciones antiespecistas.