La Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo del procedimiento judicial abierto contra decenas de activistas en España. El Tribunal señala también que actividades como la investigación y documentación de la situación de los animales en las granjas son legales.

Justo hace cuatro años, el 22 de junio de 2011, 12 personas de distintos puntos del estado español fueron detenidas como resultado de un proceso contra la defensa de los animales. El motivo fue la participación de estas personas en el trabajo de las organizaciones Equanimal e Igualdad Animal / Animal Equality, en concreto, en investigaciones acerca de la situación de los animales explotados.

Estas detenciones se produjeron con un despliegue policial totalmente injustificado. Además, se produjo la incautación de numeroso equipo de trabajo, la mayoría del cual todavía no ha sido devuelto: equipo informático, cámaras de vídeo…

Después de la toma de declaración de los detenidos, tres activistas fueron enviados a prisión provisional mediante una resolución carente de motivación. Ante esta decisión, se interpuso un recurso de apelación contra esta decisión. El recurso fue estimado por la Audiencia Provincial, que ordené la salida inmediata de los activistas en prisión.

Pese a la ausencia de pruebas incriminadoras, el Juez de Instrucción imputó a 13 personas más, incluyendo a la madre de una de las activistas detenidas, una mujer de más de 60 años sin relación con el movimiento por la defensa de la animales.

Debido a la absoluta falta de pruebas, el fiscal solicitó el archivo del procedimiento judicial, petición a la que accedió la nueva juez de instrucción, Margarita Guillén. Sin embargo, la Asociación Nacional de Productores Visón interpuso un recurso de reforma y un recurso de apelación contra esta decisión. Ambos recursos han sido desestimados.

En el auto de la Audiencia Provincial por el que se confirma el archivo del procedimiento, se indica que las actividades realizadas por las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal (investigaciones, documentación de la situación de los animales, reparto de información…) son perfectamente legales.

Desde las organizaciones Igualdad Animal y Equanimal, que a día de hoy trabajan de manera unida, han mostrado su satisfacción por esta decisión, que pone fin a un proceso judicial represivo que se ha alargado durante cuatro años. Han manifestado, asimismo, lo siguiente:

“Gracias a todas las personas, colectivos, organizaciones y abogados que habéis mostrado vuestra solidaridad ante este ataque que pretendía criminalizar al movimiento animalista. Queremos agradecer también a Daniel Dorado, del Centro Legal Para La Defensa de los Animales, su apoyo desinteresado durante todo este proceso.”