Una clínica veterinaria deberá pagar una indemnización de mil euros a la dueña de una perra que desapareció de la misma cuando iba a ser operada, según la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia.
La sentencia confirma la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Murcia que, en mayo de 2009, estimó parcialmente la demanda presentada por la propietaria del animal y condenó a la clínica a pagarle esta indemnización.
Si bien la cuantía de esta indemnización es claramente insuficiente, la sentencia es de gran interés, pues establece un precedente al aceptar la existencia de daño moral debido a la desaparición de un animal.
El pasado 9 de noviembre tuvo lugar un juicio por segunda vez en los Juzgados de Amurrio contra Kepa Tamames, portavoz y presidente de la Asociación para un Trato Ético con los Animales (ATEA), tras ordenar la Audiencia Provincial de Álava la repetición del mismo. En la sentencia, a la que ha tenido acceso el Centro Legal para la Defensa de los Animales, la jueza dicta la absolución de Kepa Tamames del cargo que se le imputaba (falta de desobediencia a la autoridad), como consecuencia de la denuncia presentada contra él por uno de los agentes que le acompañaban en el transcurso de una inspección por supuesto maltrato a un perro que permanecía permanentemente atado y desnutrido en los bajos de un caserío de la localidad ayalesa de Izoria.
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Una docena de activistas defensores de los animales han intentado este sábado al mediodía acceder con sus perros al metro de Bilbao para protestar por la prohibición de viajar en el suburbano con mascotas de más de ocho kilos de peso y para reclamar, por contra, el libre acceso a este medio de transporte como ocurre “en la línea de tranvía” o en otros países “como Inglaterra”.
Los activistas se han concentrado primero frente a la boca de metro de la plaza Circular, donde han explicado que esta iniciativa pretende conseguir que los usuarios de Metro Bilbao puedan “viajar con los animales con los que viven”, en este caso perros de mayor tamaño, ya que la prohibición no afecta a gatos ni a perros de menos de ocho kilos.
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Activistas por los derechos animales fineses han sido absueltos de casi todos los cargos por grabar de forma secreta las condiciones de los cerdos en las granjas.
Un Tribunal de Salo ha absuelto de todos los cargos de difamación agravada a un grupo de activistas por los derechos animales que habían publicado cintas mostrando las malas condiciones en las granjas de cerdos. Una acusada, Karry Hedberg, considerada por la acusación como acusada principal, fue condenada a 20 días de sentencia condicional por perturbar el orden público.
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Con una Ley Electoral justa, el Partido Animalista – PACMA obtendría un diputado. La formación política GBAI entra en el Congreso con un diputado habiendo obtenido menos de la mitad de los votos que ha cosechado el Partido Animalista.
El Partido Animalista – PACMA ha conseguido 101.531 votos al Congreso. Esto supone un aumento de casi 60.000 votos y un crecimiento de más de un 100%, respecto a 2008. Se convierte en la décimoquinta fuerza política y en la segunda extraparlamentaria, a falta de contabilizar el voto extranjero.
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha acordado la apertura de Diligencias Previas por considerar que existen “características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa” contra Luis Padrino, alcalde de Almoguera hasta 2011.
Esta decisión se toma tras la querella interpuesta por el Partido Animalista – PACMA contra Luis Padrino el pasado mes de enero, por un delito de prevaricación administrativa por su responsabilidad en la aprobación de una ordenanza mediante la cual se exigía el pago de 200.000 euros para grabar o tomar fotos en los encierros. Dicha ordenanza no fue publicada hasta más de seis meses después de su aprobación, en un intento por evitar que la misma fuera recurrida.
El 31 de octubre de 2011 entró en vigor la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal. Dicha ley introduce cambios importantes en la legislación penal, civil y contencioso-administrativa.
Una de las consecuencias, que afecta a los procedimientos de derecho animal, es que se evita la posibilidad de interponer recurso de apelación en los juicios verbales de cuantía inferior a 3.000 euros.
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La Junta Electoral Provincial de Cuenca ha admitido el recurso contencioso electoral presentado por el Partido Animalista (PACMA) contra el Acuerdo dictado por dicha Junta a fecha 24 de octubre, en el que se desestimaba la candidatura de este partido en dicha circunscripción.
De este modo, según ha informado la formación en nota de prensa, la Junta Electoral admite la resolución judicial adoptada al respecto y proclama la candidatura del PACMA, tanto al Congreso como al Senado, en la circunscripción de Cuenca para las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Laredo ha impuesto penas que suman 40 días de localización permanente y multas por un importe total de 2.800 euros para cuatro personas, a las que se condena por amenazar e intentar agredir a los activistas que en 2009 se concentraban contra los encierros taurinos de Ampuero.
Los hechos se remontan a hace tres años, cuando, durante la celebración de los encierros de Ampuero, en el mes de agosto, una veintena de activistas ligados a las asociaciones Huellas Cantabria, asociación ProVida Animal y el Colectivo Antitaurino y Animalista de Vizcaya convocaron, como suelen hacer cada verano, una manifestación antitaurina en la Plaza Mayor de esta localidad.
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El pasado 6 de octubre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó un proyecto de Ley sobre “protección animal”. Los cambios introducidos por dicho proyecto son totalmente irrelevantes en algunos casos, y directamente perjudiciales en otros.
Desde el Centro Legal para la Defensa de los Animales nos oponemos a una medida aprobada con una clara intención electoralista, y con el objetivo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid de mostrarse como una Administración supuestamente concienciada.
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